La falacia de la industria del juicio. El eje discursivo de la reforma laboral en debate

Cada vez que se discute una reforma laboral en la Argentina aparece el mismo latiguillo: la supuesta “industria del juicio”. El concepto se repite con liviandad, como si describiera un fenómeno probado y masivo, cuando en realidad funciona como un recurso retórico destinado a legitimar el recorte de derechos laborales.

La operación es conocida: se construye un enemigo —el trabajador que litiga — y se lo responsabiliza por la falta de empleo formal, el cierre de empresas y la caída de la inversión. Pero cuando se abandona el terreno del eslogan y se ingresa en el de los datos, el argumento se derrumba.

Según información del INDEC correspondiente a 2024, en la Argentina la cifra de personas ocupadas alcanza a alrededor de 20.000.000. De ellas, aproximadamente el 45 % trabaja en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale a unos 9 millones de trabajadores concentrados en la jurisdicción donde se registra la mayor cantidad de conflictos laborales.

En ese mismo período, los juicios iniciados fueron 54.460 en la Justicia Nacional del Trabajo y 107.849 en la Provincia de Buenos Aires, lo que arroja un total cercano a 163 mil procesos. Incluso sin ningún ajuste metodológico, la cuenta es simple: menos del 2% de los trabajadores inicia un juicio laboral.

¿Eso es industria?

El dato resulta todavía más incómodo cuando se advierte que casi la mitad de esos juicios corresponden a reclamos por accidentes y enfermedades laborales (ART), es decir, a reparaciones por daños sufridos en ocasión del trabajo, y no a litigios indemnizatorios abusivos.

La pregunta es inevitable: ¿puede hablarse seriamente de una industria cuando 98 de cada 100 trabajadores nunca pisan un tribunal laboral?

La evidencia empírica sugiere otra lectura, la litigiosidad laboral no aparece como un fenómeno masivo ni autónomo, sino, en la mayoría de los casos, como consecuencia directa de incumplimientos previos: falta de registración, registraciones deficientes, salarios impagos o condiciones de trabajo inseguras. No existe una industria del juicio sino una industria de la precarización, que luego se indigna si el reclamo llega a Tribunales.

Desde esta perspectiva, definir el derecho al reclamo como una “industria” implica algo más que una caracterización retórica: supone desplazar el foco del problema. La reforma laboral deja de presentarse como una herramienta para mejorar la calidad del empleo y pasa a orientarse, en los hechos, a reducir el costo del despido, debilitar sanciones por trabajo no registrado y por incumplimientos a las normas laborales. Es decir, trasladar el riesgo empresario al trabajador bajo el ropaje de la “modernización”.

El acceso a la justicia laboral no constituye un privilegio ni un abuso, sino una garantía esencial del Estado de Derecho. Convertirlo en sinónimo de distorsión económica implica transformar un derecho constitucional en un mero costo de producción susceptible de ser reducido. Presentar el acceso a la justicia como un abuso no es ingenuo: es una estrategia política.

La verdadera falacia, entonces, no reside en la existencia de litigios, sino en la promesa de que el empleo crecerá allí donde se debilite la protección jurídica de quienes trabajan. Porque cuando incumplir la ley resulta más barato que respetarla, no se fomenta el empleo: se institucionaliza la precariedad.

La verdadera falacia no está en los juicios, está en prometer empleo a cambio de menos derechos. Y en ese intercambio, el trabajador siempre pagará el costo.

Frente al relato, lo datos siguen siendo contundentes. Y los datos, una vez más, matan el relato.